Los fantasmas de la SEP en Puebla: diez años de gestiones bajo la lupa

La decisión del gobernador Alejandro Armenta de auditar diez años de gestiones en la Secretaría de Educación Pública de Puebla no es un simple trámite administrativo: es un golpe directo a la médula de un sistema que durante demasiado tiempo se manejó con discrecionalidad.

Las plazas docentes, que deberían ser el resultado de concursos transparentes, se convirtieron en moneda de cambio política. Los RVOES, que garantizan la validez de estudios en instituciones privadas, se entregaron en ocasiones como favores, sin el rigor que exige la ley. Hoy, la revisión de expedientes y procesos administrativos abre la posibilidad de exhibir lo que muchos sospechaban: que la educación poblana fue utilizada como botín.

No se trata solo de nombres —los ex titulares desde 2015 están en la lista— sino de un patrón de prácticas que dañan la confianza en las instituciones. La pregunta es si esta auditoría será un verdadero parteaguas o quedará en un ejercicio de simulación.

La sociedad merece saber quién se benefició de plazas irregulares y qué instituciones obtuvieron RVOES sin cumplir requisitos. Pero más allá de señalar culpables, el reto está en reconstruir un sistema educativo que ponga al maestro y al estudiante en el centro, no a los intereses políticos.

La transparencia en la educación no es un lujo: es la base de la democracia. Si la auditoría se lleva hasta sus últimas consecuencias, Puebla podría sentar un precedente nacional. Si se queda a medias, será un capítulo más en la larga historia de promesas incumplidas.